Interpretación normativa y jurídica
Leer un estatuto o reglamento con la precisión suficiente para aplicarlo de forma coherente a un caso individual, y saber cuándo un caso queda de verdad fuera de lo que la norma escrita pretendía cubrir.
Análisis y redacción de políticas
Convertir la intención política de un ministro en un reglamento viable, un diseño de programa o un proyecto de ley que sobreviva al contacto con la capacidad administrativa real y con el reto jurídico.
Rendición de cuentas y ética públicas
Tomar decisiones que resistan solicitudes de acceso a la información, preguntas de comisiones legislativas, escrutinio mediático y, a la postre, control judicial: un estándar de justificación documentada al que la mayoría de empleos del sector privado nunca se enfrenta.
Negociación con partes interesadas
Coordinar entre otros departamentos, cargos electos, tribunales, grupos sectoriales y el público, cada uno con expectativas distintas y a menudo conflictivas sobre la misma decisión.
Gestión de casos y programas
Llevar una carga de casos o un programa frente a un presupuesto y un plazo, a menudo mediante un sistema informático construido para una versión anterior de las normas a la que está en vigor.
Alfabetización digital y de datos
Cada vez más exigida pero desigualmente repartida: leer un panel, entender qué está haciendo de verdad una herramienta automatizada de elegibilidad y saber cuándo anularla —una competencia más nueva superpuesta a un conjunto de habilidades generalistas más antiguo.